Corte Suprema recalifica agresiones de carabineros de Estación Central como apremios ilegítimos

La Corte Suprema de Chile, en una decisión emitida el 19 de octubre, modificó la calificación jurídica de diversas agresiones cometidas por los carabineros Carlos Leal Aqueveque y Camilo Vásquez Masman en la comuna de Estación Central. Aunque los hechos siguen confirmados, el tribunal los consideró "apremios ilegítimos" en lugar de tortura, argumentando que no se alcanzó el umbral de sufrimiento grave establecido por la legislación.

Los antecedentes incluyen una agresión a una adolescente de 16 años en noviembre de 2017, donde el subteniente Leal la empujó, la insultó y le escupió la cara, además de presionar para que repitiera que "a los Carabineros no se les pega". En febrero de 2018, otro carabinero golpeó a un vendedor ambulante mientras Leal observaba sin intervenir.

El 5 de diciembre de 2018, el cabo segundo Vásquez redujo violentamente a un detenido identificado como J. R. y llamó a su perro policial "Conrad" para que lo atacara, provocando mordiscos en la cadera y el glúteo. Posteriormente, Vásquez le dio varios golpes de puño; más tarde llegó Leal y también lo golpeó mientras estaba esposado. Vásquez volvió a ordenar a Conrad que lo atacara, ocasionando un mordisco en el tobillo.

El 9 de mayo de 2019, el Sexto Juzgado de Garantía de Santiago decretó el sobreseimiento definitivo de la víctima, al determinar que los cargos no constituían delito.

La Corte, por mayoría de tres votos a dos, concluyó que las lesiones fueron leves y no se probaron daños psicológicos graves, por lo que los hechos fueron sancionados como apremios ilegítimos. Los ministros Leopoldo Llanos y Jorge Zepeda votaron en contra de la decisión.

A pesar de las condenas, Carabineros confirmó que Leal y Vásquez continúan en la institución, desempeñando funciones administrativas y que han cumplido todas las medidas cautelares impuestas durante el proceso judicial. La entidad indicó que, una vez la sentencia sea ejecutoriada, tomará las medidas necesarias para acatar la resolución judicial.