Formalizan a funcionario de Salud de Placilla en medio de auditoría con observaciones por más de $300 millones

Felipe Farfán Tobar, funcionario del área de contabilidad del Departamento de Salud de la Municipalidad de Placilla, será formalizado este jueves ante el Juzgado de Garantía de San Fernando. La investigación apunta a presuntas transferencias reiteradas de recursos institucionales hacia su cuenta bancaria personal, que durante casi dos años habrían superado los $15 millones.

La arista penal, sin embargo, es solo una parte del cuadro. Un informe de la Dirección de Control municipal identificó facturas impagas, obligaciones que no fueron registradas en la contabilidad y aportes estatales pendientes de restitución, con observaciones que en total rondan los $311 millones.

• $162 millones: facturas vencidas
• $88 millones: facturas fuera de contabilidad
• $45,5 millones: programas no ejecutados
• $15,5 millones: transferidos a cuenta personal

Los revisores advirtieron que todavía debe precisarse si esas partidas se solapan entre sí, de modo de calcular el déficit efectivo, y aclararon que corresponden a conceptos contables distintos que no necesariamente equivalen, en su totalidad, a pérdidas patrimoniales.

Para dimensionar el alcance, el Departamento de Salud de Placilla ejecutó durante 2025 un gasto superior a los $3.600 millones. Las partidas observadas representan cerca del 8,3% de ese monto anual, una proporción que adquiere otro peso en una comuna de apenas 9.438 habitantes.

El documento también menciona a otros dos directivos, apartados de sus cargos y sometidos a sumarios administrativos: Mauricio Sáenz Tapia, a cargo de la Dirección de Administración y Finanzas, y la profesional que lideró el Departamento de Salud entre 2022 y 2025.

Entre los hallazgos hay un caso que llamó la atención de los revisores: una ambulancia destinada al Cesfam local fue adquirida por licitación pública, llegó a la comuna, pero sigue sin pagarse. En febrero, Farfán firmó el primer Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (N.º 118), que respaldó $100 millones; la licitación se publicó el 20 de marzo en Mercado Público y el 4 de mayo un segundo certificado (N.º 247) ajustó el monto a $92,9 millones. De ese total, $60 millones provenían de recursos municipales aprobados por el Concejo.

Hacia el 17 de septiembre, el saldo contable de la cuenta institucional de fondos ordinarios del área de Salud era de apenas $15,5 millones, mientras la deuda con el proveedor seguía abierta. Fuentes conocedoras del proceso señalan que el retraso habría generado cerca de $10 millones en intereses, cifra que aún debe contrastarse con los antecedentes contractuales.

El informe cuestiona las transferencias a la cuenta personal de Farfán a la luz de la Ley N.º 18.575, de Bases Generales de la Administración del Estado, y observa la gestión contable respecto del Decreto Ley N.º 1.263. Los antecedentes derivaron en una denuncia presentada al Ministerio Público, en sumarios administrativos en curso y en la entrega de información a la Contraloría General de la República.

El alcalde de Placilla, Marcelo González, reconoció la existencia de irregularidades y aseguró que el municipio colaborará con las investigaciones para resguardar los recursos municipales. Pablo Alarcón, académico de la Universidad Finis Terrae, subrayó el rol de la Contraloría en este tipo de escenarios.