Rancagua concreta la digitalización total de sus tribunales penales y se convierte en la primera jurisdicción del país en lograrlo

La totalidad de los tribunales penales de la jurisdicción de Rancagua trabaja ya con UNIJUD, la nueva herramienta de gestión del Poder Judicial. El traspaso de los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua y San Fernando, concretado el jueves 29 de octubre, fue la pieza que faltaba para cerrar el proceso.

Con eso, la zona se transformó en la primera del país en dejar atrás por completo los sistemas anteriores en materia penal. Los juzgados de garantía de la región y el tribunal oral de Santa Cruz ya venían operando con la plataforma, a los que ahora se agregaron los dos TOP restantes.

• Traspaso de los TOP de Rancagua y San Fernando: 29 de octubre
• Se reemplazan SIAGJ y Gestión Penal
• Toda la jurisdicción penal opera con UNIJUD

El cambio no es solo de software. La plataforma unifica los flujos de tramitación, lo que implica que las causas ya no circulan entre dos sistemas distintos y quedan registradas en un solo lugar, con protocolos exigentes de resguardo y trazabilidad de la información.

La presidenta de la Corte de Apelaciones de Rancagua, ministra Marcela de Orúe, valoró el paso dado por la zona. "Este hito es muy importante para nuestra jurisdicción y evidencia la constante innovación que efectúa el Poder Judicial para mejorar procesos con el fin de entregar una justicia oportuna y un servicio judicial de calidad. Todas estas medidas van en beneficio del usuario de nuestros tribunales, dado que optimiza su trabajo", expresó la autoridad judicial.

En la misma línea, Enrique Cariaga Catalán, integrante del equipo que despliega UNIJUD en el país y funcionario titular del Juzgado de Garantía de Rancagua, precisó que tras la incorporación de los tribunales orales de Rancagua y San Fernando se trata de la primera jurisdicción con implementación completa del sistema en el ámbito penal.

Según explicó, la herramienta aporta más conexión entre tribunales, trámites ágiles y una base tecnológica robusta en materia informática. Todo ese desarrollo, añadió, se traduce en un beneficio directo para la comunidad, con un servicio judicial más transparente y digitalizado, y un acceso a la justicia más oportuno.