Crisis de vivienda en España eleva presión sobre hogares y revela déficit de 750.000 unidades

El reciente desalojo de una mujer de 87 años en Madrid, tras 71 años de vida en el mismo departamento, ha reavivado la indignación social y puesto en el foco la profunda crisis de vivienda que atraviesa España y gran parte de Europa.

Según un informe del Consejo Europeo, los precios de la vivienda han aumentado un 60% en promedio desde 2015, con algunos países superando el 200%. Los arriendos y los costos energéticos también han escalado, mientras los ingresos familiares no siguen el mismo ritmo, dejando a una de cada diez personas incapaces de pagar sus obligaciones habitacionales.

En España, una de cada cuatro familias reportó dificultades para acceder o mantener su vivienda hace dos años, según la Fundación Foessa. El déficit habitacional nacional ronda los 750.000 inmuebles, cifra que, según el Banco de España, podría superar el millón en los próximos dos años si no se adoptan medidas urgentes.

El caso de Maricarmen Abascal, quien regresó a su departamento tras un acuerdo con la propietaria, ha sido emblemático. "El giro se produjo precisamente porque el exceso de construcción registrado entre 1997 y 2007 dejó la impresión de que se había edificado demasiado", señaló Carme Trilla, presidenta de Hàbitat3, a BBC Mundo.

Expertos como José García Montalvo advierten que la construcción pasó de 14 viviendas por cada 1.000 habitantes a solo dos, una aberración comparada con otros países que mantienen alrededor de cuatro unidades por mil habitantes.

El informe también destaca que la vivienda consume casi una quinta parte del ingreso promedio de los hogares europeos y que, en las principales ciudades, uno de cada diez residentes destina más del 40% de sus ingresos a la vivienda.

Mientras tanto, en Alemania, el 53% de las viviendas son de arriendo, la tasa más alta de la UE, y la escasez de terrenos y permisos retrasa la construcción de nuevas unidades. En Viena, el modelo de vivienda social sigue siendo un referente, con más del 60% de la población viviendo en viviendas municipales o subvencionadas.

El gobierno español ha propuesto iniciativas para controlar precios y frenar la especulación, pero ambas fueron rechazadas recientemente en la Cámara de Diputados, dejando al presidente Pedro Sánchez bajo presión.