Congreso aprueba la ley RUF: cinco niveles de fuerza policial y flagrancia ampliada a 24 horas

Después de tres años de discusión, el Congreso despachó la ley de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), el marco legal que ordenará la actuación de Carabineros, la PDI y las Fuerzas Armadas. La votación se destrabó con un acuerdo en la Comisión Mixta y se concretó en una semana en que las policías debieron lamentar la muerte de dos funcionarios en acto de servicio.

Junto a la nueva normativa, la agenda de seguridad del Ejecutivo sumó medidas de impacto directo en la calle:

• Detención por flagrancia sube de 12 a 24 horas
• Hasta 48 horas si actúa la Autoridad Marítima
• Policías podrán pedir directamente cámaras de videovigilancia

El texto consagra cuatro principios que deben regir a policías y militares: legalidad, necesidad, responsabilidad y racionalidad. También ordena los procedimientos en cinco grados de resistencia de las personas — cooperación, resistencia pasiva, resistencia activa, agresión activa y agresión activa potencialmente letal — y en cinco niveles de respuesta de la fuerza. Estos últimos van desde la sola presencia hasta el empleo de fuerza potencialmente letal, pasando por las técnicas de comunicación y la reducción física de la movilidad. La ley aclara que no se aplican de manera estrictamente escalonada, sino según la gravedad y el contexto de cada intervención.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, defendió la aprobación. Sostuvo que los funcionarios contarán por fin con una norma de rango legal que les da certeza sobre cómo proceder en escenarios de alta complejidad, y descartó los cuestionamientos por una eventual reserva de constitucionalidad. También respaldó el trabajo legislativo y la protección de los derechos ciudadanos.

Desde el Maule, el seremi de Gobierno Hans Heyer planteó que apoyar la labor policial exige ir más allá del discurso y traducirse en herramientas operativas concretas, con la protección de las familias como prioridad.

El senador por el Maule Cristián Vial, quien integró la Comisión Mixta, valoró el avance, aunque puso el foco en lo que falta. A su juicio, sigue pendiente el resguardo legal de Carabineros y las Fuerzas Armadas cuando, en contextos de alta tensión e incertidumbre, incurren en errores de apreciación sobre los hechos.

La ley todavía no termina su camino: resta el trámite constitucional, paso previo a la promulgación y a su publicación en el Diario Oficial.